Por: Guillermo Espeleta Martínez
El choque entre desarrollo y las comunidades indígenas parece estar volviendose una rutina en la región; en el Departamento de la Guajira hay una fuerte agenda extractivista. Como el crecimiento económico depende de esa agenda, los conflictos sociales están creciendo.
El afan por adelantar megaproyectos como represas, grandes carreteras, minas y pozos petroleros en zonas en donde las comunidades han hecho presencia desde tiempos ancestrales, está llevando a los Estados a pasar por encima "del derecho de consulta y al consentimiento libre, previo e informado".
Derechos garantizados por tratados internacionales y que en varias ocasiones han sido recordados en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta tendencia se extiende a lo largo del espectro ideológico.Tanto gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha tienen el mismo discurso y la misma incapacidad de comprender que es posible desarrollarse con derechos.
Los gobiernos al aprobar leyes y poner en marcha las "locomotoras del desarrollo" no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento libre, previo e informado, así como desempolva los problemas que han vulnerado estos pueblos siempre: amenaza, desplazamiento y pobreza.
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